Debate Presidencial UCR 2026

Natalia Díaz presentó un plan robusto para abordar las listas de espera de la CCSS. Propuso atraer médicos especialistas que migraron al sector privado mediante mejores condiciones, implementar jornadas de producción con pago por productividad (ya probadas en dos hospitales), y aprovechar la subutilización del 66% de equipos e instalaciones. Planteó ampliar la jornada de atención de 4pm a 10pm inicialmente, con posibilidad de turnos 24/7. También enfatizó el fortalecimiento de los EBAIS con médicos familiares y comunitarios para prevención de diabetes, hipertensión y cardiopatías. Sobre la CCSS, propuso separar las funciones de pensiones y salud con juntas directivas distintas.

Claudia Dobles, quien destacó estar en su alma mater, presentó un Gran Acuerdo Nacional por la Educación con visión a 15 años pero acciones concretas para los próximos cuatro. Propuso un aumento presupuestario del 16% alineado con el Estado de la Educación, priorizando comedores escolares, transporte escolar para reducir la deserción, y fortalecimiento del sistema de becas. Se comprometió a recuperar las 115,000 becas Avancemos y agregar 10,000 adicionales. Enfatizó que sin educación no hay futuro y que la prioridad de su administración será el fortalecimiento educativo.

Boris Molina enfocó su participación en la defensa de la educación pública y el Estado Social de Derecho. Criticó el neoliberalismo y la política del miedo, argumentando que la defensa de la democracia es inseparable de la progresividad en derechos humanos. Denunció la crisis en educación pública, el abandono de centros educativos, el desfinanciamiento y los ataques a las universidades estatales. Señaló la brecha desigual donde estudiantes de colegios públicos tienen dificultades para acceder a la educación superior. Abogó por un rol más activo de las universidades públicas al servicio de todas las personas costarricenses.

Marco Rodríguez, quien expresó amor por la UCR como su alma mater, se mostró totalmente de acuerdo con revisar la regla fiscal. Señaló que instituciones como las universidades tienen restricciones presupuestarias que impiden inversión en educación, salud e infraestructura. Propuso negociación prudente en la Asamblea Legislativa para mejorar condiciones para la educación pública. Abogó por alcanzar el 8% constitucional para educación, tecnificar las aulas, fortalecer la educación técnica superior y generar espacios de cultura y pensamiento crítico para las generaciones futuras.

Douglas Caamaño, quien llegó tarde al debate, presentó una propuesta contundente sobre infraestructura educativa. Denunció que las órdenes sanitarias en el MEP pasaron de 83 a casi 845, priorizadas en rojo, amarillo y verde. Propuso eliminar la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP por ineficiencia y clientelismo, reemplazándola con una regionalización que trabaje con las direcciones regionales para atender las órdenes sanitarias de manera focalizada. Señaló que el 64% de las órdenes tienen presupuestación baja y son realizables, pero falta voluntad. Anunció que esto sería parte de su primer decreto de emergencia sobre educación.

Ronny Castillo abordó la crisis de la CCSS desde una perspectiva de gobernanza. Señaló que la Caja tiene un problema integral y estratégico que requiere separar funciones. Enfatizó que como presidente solo puede nombrar directivos y la presidencia ejecutiva, por lo que la solución requiere nombramientos estratégicos y capacidad de negociación. Se posicionó como negociador con experiencia para resolver los problemas de la institución, advirtiendo que ningún candidato puede hacer magia dada la estructura de gobernanza actual.

José Aguilar participó activamente en el debate sobre educación y salud. Abordó temas relacionados con el financiamiento del sistema educativo y la necesidad de garantizar recursos para las universidades públicas. Su postura se alineó con la necesidad de revisar las restricciones presupuestarias que afectan a las instituciones educativas.

Fernando Zamora participó en el debate enfocándose en temas de convivencia democrática y el Estado Social de Derecho. Su intervención destacó la importancia del diálogo informado y la construcción de propuestas verificables en educación, salud y seguridad. Enfatizó que gobernar demanda liderazgo pero también humildad intelectual y apertura al diálogo basado en evidencia.

Álvaro Ramos participó en el debate abordando temas de educación y el rol del Estado. Su intervención se centró en la defensa del Estado Social de Derecho y la necesidad de fortalecer las instituciones públicas costarricenses.

Ariel Robles participó en el debate con enfoque en la defensa de la educación pública y los derechos sociales. Su postura se alineó con la defensa del Estado Social de Derecho y la necesidad de garantizar acceso equitativo a servicios públicos de calidad.

Juan Carlos Hidalgo participó en el debate abordando temas de reforma institucional y eficiencia del Estado. Su enfoque se centró en la necesidad de modernizar las instituciones públicas manteniendo su vocación de servicio.

Walter Hernández participó representando al Partido Justicia Social Costarricense. Abordó temas relacionados con la justicia social y el acceso equitativo a servicios públicos de educación y salud.

Luz Mary Alpízar participó representando al Partido Progreso Social Democrático. Sus intervenciones se enfocaron en la defensa del progreso social y la necesidad de políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables.

David Hernández participó representando al Partido de los Trabajadores. Su enfoque se centró en la defensa de los derechos laborales y la necesidad de políticas que protejan a la clase trabajadora costarricense.

Ana Virginia Calzada participó representando al Partido Centro Democrático y Social. Sus intervenciones abordaron temas de educación y la necesidad de un enfoque centrista que equilibre desarrollo económico con justicia social.

Claudio Alpízar participó representando al Partido Esperanza Nacional. Abordó temas relacionados con la esperanza de un mejor futuro para Costa Rica a través de reformas institucionales y políticas públicas efectivas.