Aquí Costa Rica Manda(ACRM)

Esta propuesta busca introducir una metodología de presupuesto que priorice y evalúe las inversiones públicas basándose en tres dimensiones clave: económica, social y ambiental. El objetivo es garantizar que cada proyecto financiado por el Estado genere un retorno integral, no solo financiero, sino también beneficios sociales y sostenibilidad ambiental. Este enfoque permite una asignación más eficiente de los recursos públicos, asegurando que las inversiones contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar general de la población. Además, facilita la rendición de cuentas y la transparencia en el uso del presupuesto público.

La propuesta busca impulsar el uso de fideicomisos de impacto y fondos de inversión público-privados como mecanismos financieros para la construcción y operación de infraestructura en sectores clave como salud, educación, seguridad y movilidad. Se plantea implementar esquemas de pago basados en resultados concretos, en lugar de pagos por la mera disponibilidad de la infraestructura, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en la ejecución y gestión de proyectos públicos. Esta estrategia pretende atraer inversión privada, optimizar recursos y garantizar que los proyectos cumplan con objetivos específicos y medibles que beneficien a la población.

La propuesta busca modificar el mandato de la banca de desarrollo en Costa Rica para que su financiamiento se enfoque en proyectos que generen beneficios económicos, sociales y ambientales simultáneamente. Esto implica priorizar iniciativas relacionadas con la economía regenerativa, la reducción de emisiones de carbono, la innovación tecnológica y el apoyo a pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento. La idea es que estas instituciones financieras públicas actúen como catalizadores para impulsar un desarrollo más sostenible y competitivo en el país, alineando sus recursos y estrategias con los objetivos de sostenibilidad y crecimiento inclusivo.

La propuesta busca establecer un reconocimiento jurídico claro para las monedas sociales o comunitarias, considerándolas como sistemas de intercambio complementarios al dinero tradicional. Esto implica crear una definición legal precisa que permita su regulación y funcionamiento dentro del marco normativo nacional. Además, se plantea implementar un registro accesible y gratuito para las iniciativas que utilicen estas monedas, facilitando su control y transparencia. También se propone un régimen tributario específico que exima del impuesto al valor agregado (IVA) las transacciones realizadas con estas monedas, incentivando su uso y promoviendo la economía local y solidaria.

La propuesta busca convertir las ciudades de Costa Rica en ecosistemas productivos inteligentes que integren tecnología avanzada y prácticas sostenibles. Esto implica fomentar la innovación y la manufactura avanzada, así como implementar modelos de economía circular que reduzcan el impacto ambiental. El objetivo es generar empleo de calidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo un desarrollo urbano que sea compatible con la conservación ambiental y la eficiencia en el uso de recursos. Estas ciudades serían espacios donde la productividad y la sostenibilidad coexistan para impulsar el crecimiento económico responsable.

La propuesta plantea la creación de un fideicomiso ambiental soberano que será administrado por el Banco Central de Costa Rica. Este mecanismo financiero autónomo tiene como objetivo gestionar de manera transparente y eficiente los recursos destinados a la conservación y restauración ambiental. Al separar estos fondos del gasto corriente, se asegura que las inversiones se enfoquen exclusivamente en la protección de los ecosistemas y la prestación de servicios ambientales, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y la preservación de la biodiversidad nacional.